SANTO DOMINGO.- El Procurador General explicó que el voto electoral penitenciario es un hecho trascendental e histórico en el país, y será implementado para cumplir con la Constitución, que lo establece como derecho ciudadano.
Francisco Domínguez Brito y
el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario,
sostuvieron una reunión de trabajo en la cual afinaron puntos
tendentes a hacer posible por primera vez en el país el voto penitenciario para
las elecciones de mayo próximo.
En una primera
etapa, los privados de libertad solo podrán sufragar para escoger los
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia “con el firme propósito y la
esperanza de que se pueda ampliar las demás categorías en elecciones
posteriores”, dice una nota de prensa de la Procuraduría.
Domínguez y
Rosario, acompañados de sendos equipos de trabajo, pasaron balance al proceso
de captación de huellas y cedulación que desde hace meses se viene
desarrollando en todos los centros penitenciarios en sus dos modalidades, en el
cual han sido obtenidos poco más de 21 mil datos biométricos y atendidas unas 9
mil solicitudes de cédulas de identidad y electoral.
“La Procuraduría y
la JCE están en la fase final del procedimiento. En lo adelante se
establecerá el protocolo con los partidos políticos y los plazos para auditar
el padrón, además de todas las instancias que se requieran”, dijo.
El Presidente de la
JCE agradeció a la Procuraduría el apoyo brindado y explicó que para llevar a
cabo la votación en el próximo mayo, se ha establecido un mínimo de
seguridad que no afecte el normal funcionamiento de los CCRs.
La Procuraduría
tiene 20 CCRs a nivel nacional, que incluyen el masculino y femenino de Najayo,
en San Cristóbal; Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; San Felipe, de
Puerto Plata; Rafey-Mujeres y Rafey-Hombres, en Santiago; Femenino de Baní;
Haras Nacionales, en Santo Domingo; Anamuya, de Higüey; Cucama, en La Romana;
El Pinito, en La Vega; La Isleta, en Moca, así como también los de San Pedro de
Macorís, Elías Piña, Dajabón, Mao, San Cristóbal y Monte Plata.
24 mil 700 personas
están privadas de libertad, de las cuales poco más de 4 mil podrán votar, por
estar en prisión preventiva o porque, al ser condenados, los jueces no les
conculcaron sus derechos civiles y políticos.
El proceso de
inscripción en los recintos penitenciarios continuará hasta el 16 de enero,
acorde con los plazos establecidos por la JCE.
24 mil 700 personas
están privadas de libertad, de las cuales poco más de 4 mil podrán votar, por
estar en prisión preventiva o porque, al ser condenados, los jueces no les
conculcaron sus derechos civiles y políticos.
El proceso de
inscripción en los recintos penitenciarios continuará hasta el 16 de enero,
acorde con los plazos
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